Dejan detenido a Ángel Martínez tras faltarle respeto a juez
El juez del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, ordenó este miércoles la detención inmediata del comunicador Ángel Martínez por incurrir en falta de respeto al tribunal, lo que constituye un delito de audiencia conforme al Código Procesal Penal.
Durante el desarrollo de la audiencia, presuntamente Martínez protagonizó un altercado verbal con el magistrado, a quien se dirigió de forma altisonante e irrespetuosa, por lo que el magistrado decidió aplicar las sanciones establecidas por ley para mantener el orden y la solemnidad del proceso.
Además, Mejía declaró al abogado defensor de Martínez, Rafael Pércival, como litigante temerario, por intentar recusarlo nuevamente.
Como consecuencia le impuso una multa equivalente al salario de 15 días de un juez de primera instancia, como lo permite la normativa judicial en casos de abuso del derecho procesal.
Pércival dijo que en las primeras horas de la mañana de hoy su cliente y el juez se encontraron en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y que le advirtió al imputado que conocería el caso a como diera lugar.
Según el togado eso generó una discusión entre ambos que más tarde continuó en la sala de audiencias. La siguiente audiencia fue fijada para el próximo martes a las 2:00 de la tarde.
Sobre el caso
Faride Raful demandó a Ángel Martínez por difamación agravada e injuria a través de plataformas digitales. La ministra lo acusa de haber difundido información falsa con la intención de dañar su honor, dignidad e imagen pública, utilizando medios como YouTube y redes sociales para hacer señalamientos sin fundamento.
Martínez amenazó con divulgar “videos íntimos” presuntamente inexistentes, lo que ha sido interpretado como un intento de chantaje y descrédito público a la funcionaria.
Raful presentó la querella amparada por la Ley 53‑07 sobre Delitos y Crímenes de Alta Tecnología (artículos 21 y 22) y en el artículo 367 del Código Penal. Además, se constituyó en actor civil para reclamar RD$50 millones por daños morales y perjuicios.
