Amnistía Internacional llamó a los gobiernos de El Salvador y Haití a hacer público el acuerdo que permite el envío de aproximadamente 2,000 militares salvadoreños a territorio haitiano, además de garantizar que las operaciones contra las pandillas se desarrollen respetando los derechos humanos.

El despliegue fue ordenado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, como parte de una operación para localizar a cuatro soldados de su país que habrían sido secuestrados luego de un ataque de pandilleros en Puerto Príncipe, ocurrido el pasado 18 de octubre.

Los militares desaparecieron tras ser atacado el vehículo blindado en el que regresaban a su base. Los cuatro pertenecen a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una misión internacional respaldada por las Naciones Unidas.

La organización considera necesario que ambos gobiernos ofrezcan información clara sobre el marco legal de la operación y las garantías para proteger a la población durante las acciones militares.