Tras darse a conocer un quinto fallo a favor de Santiago Matías en su disputa judicial con el humorista Manolo Ozuna, vuelve a tomar relevancia el historial de conflictos legales que ha rodeado al empresario e influencer dominicano.
Desde sus inicios en los medios de comunicación, cuando creó Alofoke.net en 2006, Matías ha protagonizado diversas controversias que han trascendido las plataformas digitales y llegado a los tribunales.
Entre los casos más conocidos figura el de la actriz y comediante Cheddy García, quien en 2022 advirtió legalmente al comunicador que se abstuviera de realizar comentarios o divulgar contenido relacionado con ella y su hija, Chelsy Bautista. En junio de 2026, García presentó una nueva acción legal contra Matías, alegando que la eliminación de su cuenta de Instagram le ocasionó perjuicios económicos y profesionales. Según las informaciones difundidas, reclamaría una indemnización de RD$60 millones.
Otro conflicto surgió en abril de 2022, cuando Zumaya Cordero, directora de Operaciones de Caribbean Cinemas, notificó legalmente a Matías para impedir que hablara sobre ella o sus proyectos.
En octubre de 2023, Isaura Taveras también presentó una querella contra el influencer por presunta difamación e injuria, a raíz de comentarios y señalamientos que, según afirmó, afectaban su dignidad y reputación.
En julio de 2024, la artista urbana Yailin La Más Viral recurrió a una intimación y advertencia legal contra Matías, alegando asedio y divulgación de la dirección de su residencia, donde vive con su hija menor de edad. Posteriormente, ambos hicieron las paces.
Más recientemente, en abril de 2026, se presentó una querella ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología por parte de la diputada Leivy Bautista y su esposo, el empresario Lugel Gasilie, contra el comentarista Eduardo Saint-Hilaire Ramírez. En la acción también se señala a Alofoke Media Group y Alofoke Music como terceros civilmente responsables.
Estos episodios reflejan cómo las disputas surgidas en el mundo del entretenimiento y las plataformas digitales pueden terminar en procesos legales, aunque cada caso debe evaluarse conforme a sus circunstancias y decisiones judiciales.
