A más de un año de que adquiriera carácter definitivo la sentencia que ordena a la Policía Nacional pagar RD$10 millones como indemnización a los familiares de los pastores evangélicos Elisa Muñoz y Joel Díaz, la institución todavía no habría cumplido con el mandato judicial, según denunció el abogado José Martínez Hoepelman.
El jurista, quien representó a los parientes de las víctimas durante el proceso judicial por la muerte de los religiosos en Villa Altagracia, indicó que el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y que, pese a que la decisión ya es definitiva, los beneficiarios continúan sin recibir el dinero establecido.
Martínez Hoepelman expresó su preocupación por la situación y cuestionó que los ciudadanos tengan que recurrir a nuevos procesos legales para exigir que las instituciones del Estado acaten las decisiones emitidas por los tribunales.
El abogado consideró que resulta preocupante que una sentencia con carácter definitivo todavía no se haya ejecutado, dejando a los familiares de las víctimas a la espera de una indemnización reconocida por la justicia.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el cumplimiento de las decisiones judiciales y la responsabilidad de las instituciones públicas frente a las sentencias de los tribunales.

