TikTok ha puesto en marcha un grupo de trabajo especializado y reforzado sus medidas de moderación tras los disturbios registrados el pasado sábado durante las protestas en Barcelona, España. La compañía condenó todas las formas de violencia y reiteró que prohíbe los contenidos que incitan a cometer actos violentos o actividades delictivas.
Según explicó la plataforma a la agencia EFE, las nuevas medidas incluyen controles proactivos y el uso de tecnologías de reconocimiento de imágenes y audio para detectar contenido que infrinja sus normas comunitarias.
La empresa también está eliminando videos, suspendiendo transmisiones en directo y bloqueando cuentas vinculadas a publicaciones que incumplen sus políticas. Además, ha restringido las búsquedas que promueven la violencia, desactivado el autocompletado en consultas relacionadas con las protestas y limitado determinadas recomendaciones.
Como parte de estas acciones, TikTok muestra advertencias a los usuarios que buscan información sobre los acontecimientos en Barcelona, recordándoles que la situación puede cambiar rápidamente y que algunos contenidos podrían ser incompletos, inexactos o no estar verificados. La plataforma también está restringiendo temporalmente ciertas funciones de monetización en transmisiones en directo relacionadas con las protestas para evitar que se aproveche económicamente la situación.
Por su parte, las autoridades de Cataluña solicitaron a plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram que actúen contra los grupos en los que presuntamente se incita a jóvenes a provocar disturbios y alterar el orden público.
La consellera de Interior de Cataluña, Núria Parlon, señaló que la convocatoria de la protesta se habría difundido inicialmente a través de TikTok y que sus promotores habrían utilizado grupos de mensajería para compartir instrucciones sobre cómo actuar.
Mientras tanto, los Mossos d’Esquadra, la policía regional catalana, solicitarán autorización judicial para investigar la red e identificar a los responsables de la convocatoria, que terminó en disturbios, saqueos y 130 detenidos.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad de las redes sociales en la difusión de convocatorias y contenidos relacionados con episodios de violencia.
